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Estatuto de Autonomía

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Estatuto de Autonomía II

En 1977 se celebraron en España las primeras elecciones democráticas y el Gobierno de la UCD, encabezado por Adolfo Suárez, dio nuevas alas al proceso autonómico. En la actual Castilla y León ello se tradujo en la constitución en Valladolid, en octubre de ese mismo año, de la Asamblea de Parlamentarios y Diputados Provinciales de Castilla y León. Unos meses después, el 13 de junio de 1978, se creó el Consejo General de Castilla y León, órgano encargado de dirigir su proceso autonómico. Su primer Presidente fue Manuel Reol Tejada, diputado de la UCD por Burgos, al que siguió José Manuel García Verdugo. Otro organismo, la Comisión Mixta de Representantes de la Administración Central y del Consejo General de Castilla y León, creada en noviembre, se encargaría del traslado de competencias.

Era un proceso, al igual que ocurría en la mayor parte del territorio español, paralelo al constituyente, iniciado también en 1977. La conclusión de este último en 1978 sirvió para marcar ciertas pautas en la trayectoria de formación de una autonomía, como la forma de acordar la inclusión o no de un territorio en ella. A finales de 1978, por tanto, en Castilla y León existían las directrices que podían seguirse para crear una comunidad autónoma (dadas por la Constitución) y los órganos encargados de realizar las tareas necesarias (como el Consejo General de Castilla y León). Faltaba lo más importante: ejecutarlas.

Comenzaba una apretada agenda de trabajo. Era necesario resolver multitud de cuestiones, incluida la compleja configuración territorial de la autonomía tal cual hoy la conocemos. La construcción de la Comunidad de Castilla y León ha sido un proceso lento y complicado. En su edificación se dejaba la puerta abierta a todas las provincias integrantes de las regiones históricas de Castilla La Vieja y León. No obstante, desde un principio las de Santander y Logroño eligieron seguir la vía autonómica uniprovincial, constituyéndose respectivamente en las comunidades autónomas que hoy conocemos como La Rioja y Cantabria.

La posibilidad de formar parte o no de la futura comunidad autónoma era una cuestión de elección. A ella podía llegarse por diferentes vías, y dentro de las posibilidades que establecía la Constitución de 1978 para acceder a ella, Castilla y León optó por el camino más fácil: lograr la adhesión de las Diputaciones Provinciales y de dos tercios, al menos, de los Ayuntamientos cuya población representara la mayoría de la provincia. Ahora se iniciaba la ardua tarea de redactar el texto que sirviese como Estatuto de Autonomía, un proceso que se prolongó durante prácticamente tres años.