Estatuto de Autonomía

Estatuto de Autonomía I

La Constitución de 1978 marcó el inicio de un proceso descentralizador que concluyó en el actual sistema de las autonomías. El resultado, sin embargo, no fue fruto de una suerte de idea novedosa acordada entre varios políticos. La Constitución necesitó el consenso general y la Ley para la Reforma Política de 1976 facilitó los cambios pertinentes. Sin embargo, un poso ideológico que databa de varias decenas de años estuvo en el trasfondo de esos cambios.

Los precedentes históricos más inmediatos serían los movimientos anticentralistas que se suceden a lo largo de los siglos XIX y XX en nuestro país. Estos movimientos se oponen a una visión de una España centralizada y acompañan al sistema centralista casi desde su origen. Sus influjos federalistas quedan fuera de toda duda y se remontan a los albores del constitucionalismo español, desde los comienzos del siglo XIX. De esta manera, encontramos que las manifestaciones más tempranas del anticentralismo son las ideas foralistas, las carlistas, y las federalistas. El fracaso de la República Federal de 1873 marca el punto álgido en los intentos de implantar fórmulas descentralizadas.

Desde la Ley para la Reforma Política de 1976 hasta la Constitución Española 1978, se genera en España un singular proceso de instauración de regímenes provisionales de autonomía que se conceden por decreto ley a los territorios interesados tras negociaciones con el Gobierno Central. El punto de partida de este proceso es el decreto ley de 29 de septiembre de 1977, por el que se restablece la Generalidad de Cataluña. Tras él, prácticamente todo el territorio del Estado, salvo Madrid, Ceuta y Melilla y Navarra, fue afectado por los regímenes de preautonomía.